Burgos, 12 de marzo. La atención a la discapacidad “es una lucha constante y pertinaz que exige la colaboración de todos los sectores implicados", dijo ayer en Burgos el decano del Colegio Notarial de Castilla y León, Leopoldo Martínez de Salinas, en el acto de constitución del Foro Aequitas de Discapacidad de la Comunidad Autónoma.

Esta plataforma está integrada por notarios, jueces, fiscales, abogados, asociaciones y representantes del tercer sector y la Universidad, y tiene por objetivo dar a conocer la Ley 8/21 que promueve la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad, analizar su aplicación y la necesidades de las personas afectadas y sus familias, detectar disfunciones y proponer reformas legislativas.

Martínez de Salinas resaltó la "vocación de colaboración de la Fundación Aequitas", promotora del Foro, y se refirió también a la "capilaridad" que caracteriza al Notariado y "su voluntad de llegar a todos".

El decano valoró la constitución del foro ante la dificultad que entraña asumir el "nuevo paradigma" que supone la ley 8/21, que "hace más volátil la realidad" y a veces genera en las familias "una cierta inseguridad", porque “lo difícil no es aprender, sino olvidar" el antiguo marco legal.

A este respecto, recordó que la ley sitúa al notario en el centro del reconocimiento universal de plena capacidad jurídica a las personas con discapacidad, como encargado de evaluar su discernimiento y sus necesidades de apoyo.

El delegado autonómico de Aequitas, Fernando Puente, adelantó que en próximas fechas se creará otro Foro similar en Valladolid, debido a la extensión de la Comunidad Autónoma. El delegado de Aequitas señaló que la ley interpela a todas las personas, porque ensancha la autonomía de la voluntad y su libertad para cuando llegue una situación de discapacidad.
“No hay que caer en un optimismo exagerado ni en una negación de esta nueva legislación; hay que intentar cumplirla”, concluyó. 

Por su parte, Gonzalo A. López Ebri, coordinador de los foros autonómicos, aludió a la necesidad de prestar también a las personas con discapacidad “un cuidado jurídico para que la inclusión sea real con todos los ámbitos”.

Sobre la utilidad de esta iniciativa, recordó que ahora mismo se está trabajando desde ellos para paliar “injusticias colaterales de la Ley 8/21 en materia tributaria o de seguridad social, incompatibles con la eliminación de la muerte civil o incapacitación”.

También se refirió a problemas pendientes de urgente solución como el ingreso involuntario de las personas en residencias sin asistencia letrada; e hizo especial hincapié en su protección patrimonial, como cuentas corrientes y pensiones.

Santiago Mena, fiscal superior de Castilla y León, recordó que "una de los funciones de los fiscales es velar por las personas con discapacidad" y destacó que el foro permitirá que todos los colectivos que trabaje alrededor de la discapacidad.González

Francisco González, adjunto a la dirección de la Fundación Aequitas, explicó que "el foro se constituye como un punto de encuentro de todos los ámbitos jurídicos y del movimiento asociativo de la discapacidad y las personas mayores.

"Se trata -añadió- de encontrar soluciones y mejorar la calidad de vida del colectivo" y, a este respecto, animó a todo el movimiento asociativo a trasladar las quejas o vulnerabilidades que se encuentran para intentar resolverlas. "Queremos escuchar la voz del movimiento asociativo", concluyó.

Mónica Pérez, decana del Colegio de Abogados de Burgos, destacó  la transversalidad del foro y recordó que los abogados estén "en la primera línea de la defensa de la discapacidad, cuando alguien llega a nuestros despachos exponiendo sus problemas". 

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García, apuntó que "desde la Universidad es un honor y un privilegio contribuir" en aspectos de formación o cualquier otro que se le demande del foro, y subrayó que también hay muchos estudiantes con discapacidad en sus aulas. 

Emilio Vega, magistrado del TSJ, señaló las dificultades en los juzgados de familia en la aplicación de la nueva Ley. "Estamos preocupados -dijo- con la especialización. Los juzgados deben estar especializados en discapacidad y mayores, pero existe un problema por la despoblación de Castilla y León, por lo que tendremos que centralizarlos en las capitales de provincia".

Los representantes de asociaciones de atención a la discapacidad presentes en el acto, coincidieron en demandar una mayor protección legal a la figura de la guarda de hecho y una atención jurídica personalizada.

Aparte de las ya citadas, el acto, presidido por el decano anfitrión, contó con la asistencia, entre otros, de María José Burgos, fiscal delegada autonómica de discapacidad y mayores; María Antonia Paniego, gerente territorial de Servicios Sociales; y María Concepción Balairón, jefe del Área de Tutela de la Fundación de Apoyos y Acción Social de la Junta de Castilla y León.

Por parte de la Fundación Aequitas acudieron también las notarias María Ángeles Anciones y Jessica Peón (delegadas autonómicas junto con Puente); y Manuel Rueda, director de la Sección Jurídica.

En el acto estuvieron presentes representantes de los colegios de Abogados de Soria y Ávila, la Archidiócesis de Burgos, la Fundación Caja de Burgos y el tercer sector (Cáritas, Cermi, Autismo Burgos, Fundación Miradas, Down Burgos, Aspanias, Plena Inclusión Castilla y León, AFACAYLE, Parkinson Burgos, Futudis).